Prestación continua en virtud de la reforma de las pensiones

Con la promulgación de la Constitución Federal de 1988, la Seguridad Social fue concebida por el Poder Constituyente Originario como un conjunto integrado de acciones a iniciativa de los Poderes Públicos y de la sociedad, destinadas a garantizar los derechos relativos a la salud, a la seguridad social y a la asistencia social. Entre los objetivos de la asistencia social previstos en la Constitución Federal está la garantía de un beneficio mínimo mensual para los discapacitados y ancianos que comprueben que no tienen medios para proveer a su propia manutención o a la de su familia. Esta prestación está regulada por la Ley 8742/93 (LOAS), que sufrirá importantes modificaciones si se aprueba el texto de la PEC 287/2016. En este contexto, a partir de un breve análisis de las disposiciones legales que regulan la prestación de asistencia social y de un pronóstico de los cambios legislativos que pretende el citado PEC, este estudio pretende indagar en el papel de los derechos fundamentales como limitadores del Poder Constituyente Derivado. Para ser legitimados, estos cambios legislativos deben estar en consonancia con el núcleo esencial de los derechos fundamentales.