Gestión de la Crisis Constitucional en África

Desde el punto de inflexión que supuso la Declaración de Harare de 1997 y las dos decisiones de Argel de 1999, se ha ido forjando en la retórica del derecho internacional africano una doctrina de aversión y "tolerancia cero" a los cambios de gobierno inconstitucionales. El marco normativo y la maquinaria orgánica han ayudado a la organización panafricana a salir del letargo en el que estaba inmersa en los albores de la independencia y, de hecho, a reaccionar cada vez que se producían cambios inconstitucionales de gobierno tanto en el ámbito continental como en los órdenes regionales africanos. Sin embargo, la arquitectura africana para hacer frente a los cambios inconstitucionales de gobierno, por innovadora que sea, no está exenta de contradicciones. Aparentemente sólida e inamovible, ha demostrado ser frágil y estar dispuesta a derrumbarse a la primera señal de problemas. En lugar de una normativa firme sobre el rechazo a los cambios inconstitucionales de gobierno, los factores políticos, geopolíticos y geoestratégicos han infestado la práctica de las organizaciones africanas.