Debilidad en la aplicación de la servidumbre penal

Los delitos se cometen y siempre perjudican a la sociedad. Una persona física o jurídica puede verse perjudicada por un delito cometido en su entorno, contra ella o sus bienes. Por ello, el legislador ha tipificado como delito determinados comportamientos que atentan contra el equilibrio social. Corresponde al legislador determinar, en un momento dado de nuestra sociedad, qué es lo suficientemente peligroso como para legitimar una sanción penal. La tipificación de una acción u omisión como delito tiene dos consecuencias: confiere al acto prohibido una especial gravedad y, en algunos casos, incluso lleva al derecho penal a formular el contenido de la norma con una sanción. La presencia del delincuente en la sociedad amenaza la seguridad pública y cuando el orden social se ve perturbado por un delito, el delincuente debe ser castigado porque la preservación de la paz social lo requiere. Corresponde al Estado castigar las infracciones penales cometidas por los miembros de la comunidad dentro o fuera del territorio nacional.